"Deliciosa la mentira, amarga la franqueza". Ese verso del grupo de rap bogotano Realidad mental sirvió como antesala a la conversación que sostuvo el escritor Juan Cárdenas con Isabel Cristina Zuleta y Jonathan Luna, líderes sociales colombianos.
Los testimonios acerca de la industria extractivista se repiten en cada lugar donde se inician estos proyectos –las represas de Hidroituango y la Juaga en este caso–. Y las consecuencias ambientales se hacen extensivas a cualquiera de las comunidades sometidas a esta barbarie que los líderes invitados relataron.
En Colombia están asesinando líderes sociales. Ylos jóvenes ponentes del Hay Festival Cartagena denunciaron la situación. Aseguraron que el actual gobierno ha optado por regatear cifras y promover una campaña de normalización como respuesta a dicha denuncia.
Zuleta fue enfática al afirmar que los líderes sociales no son cifras, que ella no es un número, y que no hay líder social sin una comunidad que apoye su vocería. A la líder ambientalista le resulta inaceptable que el Estado se arrogue el derecho de definir quién es y quién no es líder social, valiéndose de definiciones de organismos internacionales. Aseguró que eso va en contra de la democracia, del derecho a la libertad de asociación y expresión.
A la pregunta de Cárdenas -quizás la misma que se hacen muchos colombianos-, de cuáles serían los motivos del Estado para coartar su labor, Zuleta y Luna coincidieron en afirmar que silenciar es el ejercicio de imposibilitar el disenso y la oposición. Por ello, la omisión de protección a líderes sociales por parte del Estado lo convierte en “cómplice del asesinato sistemático” al que asiste la nación colombiana y que impide seguir ayudando a la gente a reconocerse en sus derechos y exigirlos, luego de décadas de conflicto y miedo.
Mojones (pedazos de cemento) marcados con la leyenda territorio de utilidad pública fueron el primer campanazo de la tragedia que le esperaba a la Jagua: la construcción de la represa que oficialmente impacta a seis municipios, pero que en la realidad se extiende a diez.
Con el proyecto de la represa comenzó la división en las comunidades y los conflictos vecinales por la esterilidad en la que se sumieron a los territorios. Los desastres ambientales siguieron con más fuerza, con las talas: cultivos desequilibrados, animales ahogados. Hambre y más hambre. En la Jagua, contó Luna, aprovecharon la mañana siguiente a la fiesta de San Pedro para cerrar las compuertas de la represa. Cuando la gente no tenía actitud ni fuerzas para resistir.
En el caso de la comunidad de Hidroituango, la represa seguirá siendo un problema doloroso, con ecosistemas colapsados y la migración de especies. "Vamos a trasladar las aves y las especies, decían las empresas. Nosotros no lo entendíamos, los animales no son tan obedientes como los humanos", contó Zuleta.
La empresa ha asegurado en varias ocasiones a la comunidad de Hidroituango que todo lo que sucede con los desajustes de infraestructura está controlado, que el monitoreo de epm es el más sólido del mundo. Pero la versión de la lider y la comunidad es otra. Aseguran que las empresas les mienten. Quien va a la zona puede ver las evidentes filtraciones a simple vista. Se saben engañados y hasta irrespetados en sus certezas.
"El Estado no responde. Tenemos una incertidumbre eterna. Además de los problemas ambientales, hay conflictos, masacres, desaparecidos. Mataron especies enteras, y los pescadores se están muriendo de hambruna. Nos han quitado la cultura, la posibilidad de proyectarnos, nos quitaron el pasado, cimiento del ser humano. Profanaron tumbas, viejas y recientes. La empresa decidió inundar con muertos y vivos. Dijeron que había sido un accidente, pero resulta que taponaron los túneles con cemento ¿cómo ocurren los accidentes con cementos?"
El miedo a la respuesta violenta limita el liderazgo en la denuncia. Zuleta aseguró que para poder realizar el proyecto las empresas se valieron de las fuerzas armadas, para promover el desplazamiento y vaciar el territorio -hogar de sobrevivientes del conflicto armado-; una forma de validar geopolíticamente el uso del lugar.
Según la lideresa, Hidroituango aparenta ser pública, pero es una deuda con bancos internacionales. Afirmó que se necesitarán 114 años para poder recuperar algo, y que, mientras tanto, todos los colombianos pagaremos un proyecto que, financieramente, agoniza. No se oponen a las fuerzas militares, tampoco tienen manera, pero asegura que la fuerza pública ha favorecido, y favorece, a la empresa privada.
El caso de la Jagua es igual: militarización total, reclutan y secuestran a jóvenes. Muchos de ellos terminan siendo falsos positivos, una modalidad que beneficia económicamente a los militares. Las guardias indígenas y todos los liderazgos están en la mira de la fuerza pública:
"Intégrate, desplázate o muere" dice Luna, para condensar lo que viene ocurriendo con la fuerza pública.
Un río muerto es la destrucción. Si los ríos desaparecen, nosotros también. Es la metáfora de la muerte. Sorprende cómo en Bogotá y Medellín hay una distancia enorme con el río. Son cloacas. diferente a Cali, donde lo adoran”, dijo.
La conversación evidenció que los líderes sociales cuentan con el respaldo de sus comunidades. A algunos no les gusta lo que dicen y cada nuevo asesinato es un mensaje que, según los invitados, los incita a callar. Aún con lo apocalíptico de sus relatos aseguran que hay esperanza, pero que el tiempo para actuar se agota. Se requiere bajar la concentración poblacional en las ciudades, volver al campo y a cultivar la tierra. Isabel Cristina y Jonathan cerraron la conversación con Juan Cárdenas pidiendo ayuda para encontrar soluciones, sienten que es un peso muy grande y esperan que sea repartido pronto entre toda la nación colombiana.